Delitos fiscales para 2020

El año 2019 marcó el inicio de una legislación directa que representa, en algunos casos, riesgos importantes para los mexicanos, por ello la necesidad de comentar aspectos relevantes que debemos observar a detalle en las prácticas empresariales, a partir de 2020, en materia fiscal.

Para esto es importante mencionar previamente una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que desencadena una serie de transformaciones que son el motivo del presente artículo.El pasado 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la CPEUM, lo que da pauta al nacimiento de la reglamentación específica de la acción de extinción de dominio (párrafos tercero y cuarto).

El primer párrafo adicionado señala que: La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal… Mientras que el segundo párrafo, también incorporado, establece:

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Énfasis añadido.

Estos primeros dos párrafos señalan las causas iniciales de investigación que podrían dar origen a la acción de extinción de dominio, destacando como premisa para los efectos que nos ocupan la delincuencia organizada y de los recursos de procedencia ilícita, conceptos señalados y reglamentados en los últimos años.

Para el día 9 de agosto de 2019 se publicó en el DOF la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), legislación reglamentaria del señalado artículo 22 de la CPEUM, y que está acorde con los organismos internacionales en materia de decomisos y reglamentación de actividades ilícitas.

Esta nueva legislación indica en su artículo 3: La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

Sin duda, el hecho de establecer que debe ser declarada por sentencia de la autoridad judicial es importante, considerando que los bienes se pierden en su totalidad.

Continuando con el artículo 7, se especifica que:

La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima Procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos…

Y el artículo 8 señala lo siguiente: La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial…

Es importante resaltar el hecho de que existe un proceso judicial con una autoridad competente y un proceso de extinción de dominio que establece la propia ley, partiendo de una preparatoria (investigación y acreditación de los elementos de la acción), seguido por el proceso judicial (fases de admisión, notificación, contestación de la demanda, audiencia inicial, audiencia principal, recursos y ejecución de la sentencia).

Hasta este momento no es un acto que pueda existir de inmediato y sin conocimiento previo, por lo tanto, se respeta un proceso jurídico.

El aspecto a observar, y por mala información difundida, es el referente a las medidas cautelares, advertido en el artículo 173:

El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar la medida cautelar consistente en el aseguramiento de bienes, con el objeto de evitar que los bienes en que deba ejercitarse la acción de extinción de dominio, se oculten, alteren o dilapiden, sufran menoscabo o deterioro económico, sean mezclados o que se realice cualquier acto traslativo de dominio, incluso previo a la presentación de la demanda, garantizando en todo momento su conservación.

Como se observa, se podrán dictar medidas cautelares y asegurar los bienes que puedan estar dentro del proceso, aunque en ello debe considerarse que ya existe previamente un proceso de extinción de dominio. Esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación y representa el inicio de una serie de modificaciones considerada coloquialmente como la reforma penal fiscal.

Ahora bien, el día 8 de noviembre de 2019 se emite en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones, mismas que señalamos a continuación y que entraron en vigor el 1 de enero de 2020:

  • Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO).
  • Ley de Seguridad Nacional (LSN).
  • Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
  • Código Fiscal de la Federación (CFF).
  • Código Penal Federal (CPF).

Para tener en claro las modificaciones es importante recordar el concepto de defraudación fiscal del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice: Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Integrando en este mismo artículo las sanciones correspondientes por el delito en comento, y lo referente al artículo 109 señalados como delitos fiscales equiparables al concepto de defraudación fiscal.

Ya claro el concepto anterior, se mencionan a continuación las principales modificaciones de las disposiciones fiscales en orden de publicación y no por su importancia.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece en su artículo 2 que:

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

Se adiciona la fracción VIII Bis, apuntando que entran en el concepto de delincuencia organizada la:

Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los supuestos de defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 109, fracciones I y IV, ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

El monto actual de la fracción III del artículo 108 del CFF (de lo defraudado) asciende a $2,601,410.

Asimismo, se añade la fracción VIII Ter, la cual menciona:

Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

El monto actual de la fracción III del artículo 108 del CFF (por la compra o venta de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas) (3 veces), asciende a $7,804,230.

En este primer ordenamiento aparece la defraudación fiscal y de manera independiente la compra y venta de comprobantes fiscales, como parte del concepto de delincuencia organizada.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional señala en su artículo 5 que Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional… adicionando una fracción XIII, que incorpora lo siguiente: Actos ilícitos contra el fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Excesivo, sin duda, el concepto de amenaza a la seguridad nacional de los actos ilícitos contra el fisco federal, pero es la entrada a procedimiento penal que se busca con la modificación.

Respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales se agrega un último párrafo con tres fracciones, señalando en su inicio que: Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación.

A detalle, la fracción II señala que:

Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados.

La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Es claro el señalamiento de que ameritan prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal y su equiparable, la compra y venta de comprobantes fiscales, en ambos casos, en los montos ya señalados.

Asimismo, en el Código Fiscal de la Federación se adiciona el artículo 113 Bis, estableciendo que:

Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados…

Si bien era clara la reglamentación, resultaba importante separarla en un artículo específico para su correlación con las demás modificaciones publicadas.

Finalmente, en el Código Penal Federal se adiciona una fracción VIII Bis al apartado B del artículo 11 Bis, disposición que señala:

… A las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: … las del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el artículo 113 Bis.

Las modificaciones son sustanciales y dignas de un análisis jurídico más profundo por parte de los especialistas en materia penal, sobre todo por el concepto de la prisión preventiva oficiosa, pero de ninguna forma podrán tener un impacto inmediato en la mayoría de los contribuyentes en México, considerando el importe del impuesto omitido en relación con el volumen de operaciones que tienen la mayoría de los contribuyentes en este país.

El impacto para los que realmente cometen delitos de defraudación y de compra o venta de comprobantes fiscales es considerable, pero también era necesario.

Según fuentes oficiales (Servicio de Administración Tributaria –SAT–) el monto estimado de evasión registrado en los últimos cinco años es de 354 mil millones de pesos.

Esperemos que los criterios de la autoridad fiscal correspondan al tamaño de la reforma legal, y que no impacten al correcto flujo económico de los contribuyentes que operan en forma sana y cotidiana.

En la medida en que no fomenten un terrorismo fiscal para los contribuyentes en general, no existirá mayor problema en aplicar las sanciones correspondientes.

Dr. Benjamín Hernández Espinosa
Director General del Despacho Desarrollo Fiscal S.C.